LA PRETENSIÓN DE SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA, AMENAZA LA VIABILIDAD DE UN GRAN NUMERO DE CONCESIONES DE TRANSPORTE EN GALICIA.

Los empresarios titulares de concesiones de  transporte regular de viajeros de uso general, en especial los que desarrollan su actividad en áreas eminentemente rurales, han mostrado su preocupación  por el intento  -desde algunas esferas políticas y desde algún subsector del transporte-,  de modificar el hasta la fecha vigente marco normativo, alteración que entienden  gravemente perjudicial para el sistema concesional en las  áreas de débil tráfico.

La supresión  del derecho de preferencia que estos servicios concesionales de uso general tienen sobre cualquier otro servicio de uso especial -que viniese a establecerse coincidiendo con el itinerario de la concesión en más de un 50%-, sería la puntilla que conduzca al abandono de estos servicios, ya actualmente muy deficitarios, al verse privados de parte de los tráficos de su zona de coincidencia o influencia.

El derecho de preferencia fue concebido como una formula para coadyuvar al mantenimiento del equilibrio económico de estas concesiones, evitando de esta forma durante años, que las administraciones públicas titulares de estas concesiones se viesen en la necesidad de aportar fondos públicos a las mismas, con el fin de garantizar la prestación del servicio público que diariamente prestan estos empresarios y que durante décadas ha garantizado la movilidad de los ciudadanos gallegos, en particular de la Galicia rural.

De acometerse la supresión de este derecho de preferencia de los servicios regulares, la administración vendría obligada a contemplar paralelamente la puesta en marcha de contratos programa que permitan garantizar la movilidad de los miles de ciudadanos que viven en el rural gallego, para lo que resulta  imprescindible que, con la frecuencia que en cada caso se decida, a esos miles de parroquias y decenas de miles de núcleos de población de nuestra geografía llegue un transporte público.

 Las preguntas son pues: ¿ Está en disposición nuestra administración de poder hacer el esfuerzo económico que mantener esta red concesional conlleva?. ¿Teniendo en cuenta cual es la actual situación de las arcas públicas, no resulta más lógico y más barato el mantener el actual derecho de preferencia que generalizar las ayudas que impondría su supresión? 

Estas son las preguntas que hoy requieren respuesta. En definitiva la administración responsable de garantizar la movilidad de todos los ciudadanos -no solo los de las áreas urbanas o metropolitanas-, que es titular de las actuales concesiones, debe dibujar, desde ya, el modelo de transporte público de viajeros que pretende poner a disposición de casi la mitad de los ciudadanos de esta comunidad que viven en el rural gallego.