el anteproyecto de Ley por el que se regulan los servicios económicos de interés general contempla imponer a las empresas que los prestan, entre ellas a las de transporte de viajeros, la obligación de disponer de una oficina de anteción al cliente, con un servicio telefónico gratuito, entre otras exigencias, en cun claro desconocimiento de la realidad del sector y de la imposibilidad de asumir estas obligaciones, especialmente por parte de las pequeñas empresas.

Más sorprendete resulta si cave, que se imponga la obligación de contactar con todos los clientes con anterioridad a la prestación del servicio, para informarle de las condiciones del mismo, entre otros despropósitos que prvee este anteproyecto, que esperemos sea modificado de forma contundente antes de convertirse en proyecto de Ley.