La incertidumbre preside el transporte.

La Ley 10/2016, de medidas urgentes para la actualización del sistema de transporte público de Galicia, más que una solución a la situación creada por la Sentencia del Tribunal Supremo que, en marzo pasado, declaró caducadas 130 concesiones de las 144 existentes en Galicia, ha sido el detonante de la renuncia de la mayoría de las   empresas a seguir prestando los servicios regulares de transporte de viajeros que venían realizando hasta la fecha.

La movilidad en Galicia es una asignatura pendiente desde hace años (a ello quizás haya contribuido de forma decisiva el hecho de que en los últimos doce años hayamos tenido cinco Directores Generales de Transporte, cuando para planificar, como todos sabemos, hace falta tiempo, estabilidad y visión a largo plazo), que demanda un nuevo modelo.

La administración ha venido facilitando a los ciudadanos, desde la puesta en marcha de las líneas regulares de transporte de viajeros de uso general a mediados del pasado siglo, un servicio regular de transporte interurbano de viajeros sin coste alguno para las arcas públicas, pues estos servicios se han venido prestando a riesgo y ventura de las empresas concesionarias y ello se evidencia ahora como un imposible. Además, tanto los ciudadanos como los propios responsables políticos vienen tomando como modelo y referencia de calidad de servicio el que ofrecen los transportes urbanos, olvidando que estos, a diferencia de aquellos, tienen cubierto sus importantes déficits de explotación con aportaciones públicas (más de 35 millones de euros al año en Galicia), por lo que no son servicios comparables.

Hemos estado viendo cómo pasaba el tiempo sin que nada cambiase, como la rigidez en la gestión del sistema concesional contribuía a su desmoronamiento, como cada día las empresas perdían más dinero y como daba la impresión de que, esto, a nadie le importaba. Y  aun cuando a nadie se le escapa  que, siendo el problema de la movilidad  complejo y que las soluciones no siempre son fáciles, por el contrario, son difíciles de articular y además caras - especialmente en Galicia, con una población envejecida y extraordinariamente dispersa en miles de núcleos-,  la necesidad de un plan gallego de movilidad, que conciba Galicia como una ciudad única, sin ciudadanos de primera (urbanitas) y de segunda (rurales), resulta imprescindible para poner en marcha un modelo que nos permita resolver este problema de forma razonable y a la par eficiente, para la próxima década. Pero la toma de decisiones se ha ido dilatando en el tiempo, quizás por la comodidad que propiciaba a todos (empresarios y administración) la continuidad del modelo y muy en especial por el coste que comportará el necesario cambio.

La actual situación de absoluta indefinición, no se conoce el futuro mapa de transporte, cómo se financiará, que tipo de medios y de empresas se requerirán, etc., cuyos estudios iniciales acaban de licitarse en estas fechas, ha creado una gran incertidumbre e inseguridad en los empresarios del sector, especialmente en las pymes, que no saben a qué atenerse. La imposición de nuevas cargas para continuar en la prestación de estos servicios unido al continuado déficit de explotación ha obligado, con gran dolor, a una gran mayoría de ellas, al abandono de estos servicios de transporte, especialmente en la Galicia rural.

Estando en juego la movilidad de los ciudadanos además de la viabilidad de más de dos centenares de pymes radicadas en el rural gallego y sus empleos, hago votos para que quién tiene la responsabilidad de prestar el servicio público de transporte, quién debe y puede dar la respuesta, la administración, este acertada en su decisión..